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Recurso de Queja N.° 1230-2021/Cajamarca


Fundado el recurso de queja. Interpretación del artículo 155-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Sumilla. Debe ampararse el recurso de queja, cuyo efecto debe ser anulatorio de la resolución denegatoria y ordenar al Tribunal Superior se pronuncie, dando por superado, el presupuesto procesal formal referido al plazo, si se cumplen los demás presupuestos procesales impugnativos. Es de precisar que, respecto de la interpretación del artículo 155-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es de rigor replantear lo que en ocasiones anteriores habíamos expuesto. El precepto en cuestión tiene un enunciado normativo confuso, que se aleja de las expresiones lingüísticas habitualmente utilizadas por las Leyes procesales. Dice: “La resolución judicial surte efecto desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica, […]”. La regla es que el plazo se cuenta “[…] desde el día siguiente de la notificación] (ex artículo 147, primer párrafo, del Código Procesal Civil. Luego, si se trata de la notificación electrónica, lo que el precepto procura es dar un tiempo de dos días tras este acto procesal para contar el plazo para su impugnación –así debe entenderse el vocablo: “desde”–. En todo caso, ante una duda hermenéutica lo aconsejable es aportar por aquella interpretación más favorable al principio pro actione, exigible por la garantía de tutela jurisdiccional, y el artículo 139, numeral 11, de la Constitución. Por lo demás, el Tribunal Constitucional en el auto de 3180-2021-PA/TC, de tres de agosto último, optó por este criterio interpretativo (vid.: párrafo 17), de suerte que lo adecuado, en vía de mantener una interpretación única de las leyes del ordenamiento, propia del rol de la Corte Suprema.


Lima, seis de septiembre de dos mil veintidós


VISTOS: el recurso de queja interpuesto por la encausada LUISA BEATRIZ ORTIZ PALOMINO contra el auto de fojas ciento cuatro, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró inadmisible el recurso de casación que promovió contra la sentencia de vista de fojas ochenta y dos, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas setenta y cinco, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, impuso el pago por concepto de reparación civil de doscientos cincuenta mil soles que deberá pagar solidariamente con sus coencausados y el tercero civilmente responsable: Gobierno Regional de Cajamarca – Dirección Regional de Salud a favor de Santos Alejandro Huaccha Pérez; con todo lo demás que contiene y es materia del recurso.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.


FUNDAMENTOS


PRIMERO. Que la encausada ORTIZ PALOMINO en su escrito de recurso de queja formalizado de fojas una, de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, instó la concesión del recurso de casación. Alegó que el escrito de recurso de casación se interpuso dentro del plazo debido; que la Sala incurrió en error de cálculo porque no descontó el día cuatro de agosto que es día del juez y feriado.


SEGUNDO. Que el auto recurrido de fojas una, de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, desestimó de plano el recurso de casación. Consideró que el escrito de recurso de casación se presentó dos días después del vencimiento del plazo, por lo que resulta extemporáneo.


TERCERO. Que, en el presente caso, se trata de una sentencia definitiva y como se cuestiona la reparación civil es de tener presente que ésta supera las cincuenta Unidades de Referencia Procesal, por lo que se trata del acceso común al recurso de casación conforme al artículo 427, numeral 3 del Código Procesal Penal. La Unidad de Referencia Procesal para el año dos mil veinte fue fijada en cuatrocientos treinta soles, según la Resolución Administrativa 048-2020-CE-PJ, de veintinueve de enero de dos mil veinte, por lo que el monto fijado en la sentencia sobrepasa ese límite.


CUARTO. Que la encausada ORTIZ PALOMINO en su escrito de recurso de casación de fojas noventa y siete, de veinte de agosto de dos mil veintiuno, denunció, implícitamente, las causales de casación de inobservancia de precepto constitucional y quebrantamiento de precepto procesal: debido proceso y trasgresión del artículo 426, numeral 1, del Código Procesal Penal, pues la segunda sentencia de primer grado la dictó el mismo juez que emitió la primera sentencia, lo que constituye un vicio insubsanable.


QUINTO. Que, en el presente caso, sin embargo, se cuestiona el presupuesto procesal impugnativo del tiempo para recurrir. Se trata de una notificación electrónica, por lo que rige el artículo 155-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial –que tiene efecto desde el segundo día siguiente en que ingrese la notificación en la casilla electrónica– y, además, debe descartarse el día del juez, que es feriado, por lo que el recurso se interpuso en tiempo hábil. ∞ En tal virtud, debe ampararse el recurso de queja, cuyo efecto debe ser anulatorio de la resolución denegatoria y ordenar al Tribunal Superior se pronuncie, dando por superado, el presupuesto procesal formal referido al plazo, si se cumplen los demás presupuestos procesales impugnativos.


SEXTO. Que, es de precisar que, respecto de la interpretación del artículo 155-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es de rigor replantear lo que en ocasiones anteriores habíamos expuesto. El precepto en cuestión tiene un enunciado normativo confuso, que se aleja de las expresiones lingüísticas habitualmente utilizadas por las Leyes procesales. Dice: “La resolución judicial surte efecto desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica, […]”. La regla es que el plazo se cuenta “[…] desde el día siguiente de la notificación] (ex artículo 147, primer párrafo, del Código Procesal Civil). Luego, si se trata de la notificación electrónica, lo que el precepto procura es dar un tiempo de dos días tras este acto procesal para contar el plazo para su impugnación –así debe entenderse el vocablo: “desde”–. En todo caso, ante una duda hermenéutica lo aconsejable es aportar por aquella interpretación más favorable al principio pro actione, exigible por la garantía de tutela jurisdiccional, y el artículo 139, numeral 11, de la Constitución.


∞ Por lo demás, el Tribunal Constitucional en el auto de 3180-2021-PA/TC, de tres de agosto último, optó por este criterio interpretativo (vid.: párrafo 17), de suerte que lo adecuado, en vía de mantener una interpretación única de las leyes del ordenamiento, propia del rol de la Corte Suprema.


DECISIÓN Por estas razones: I. Declararon FUNDADO el recurso de queja interpuesto por la encausada LUISA BEATRIZ ORTIZ PALOMINO contra el auto de fojas ciento cuatro, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró inadmisible el recurso de casación que promovió contra la sentencia de vista de fojas ochenta y dos, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas setenta y cinco, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, impuso el pago por concepto de reparación civil de doscientos cincuenta mil soles que deberá pagar solidariamente con sus coencausados y el tercero civilmente responsable: Gobierno Regional de Cajamarca – Dirección Regional de Salud a favor de Santos Alejandro Huaccha Pérez; con todo lo demás que contiene y es materia del recurso. II. ORDENARON que el Tribunal Superior dando por superado el presupuesto procesal formal referido al plazo, se pronuncie si se cumplen los demás presupuestos procesales impugnativos, y determine si debe conceder el recurso de casación. III. DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal de Origen para los fines de ley; con transcripción; registrándose. INTERVINO el señor juez supremo Coaguila Chávez por vacaciones del señor juez supremo Sequeiros Vargas. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.


Ss. SAN MARTÍN CASTRO

LUJÁN TÚPEZ

ALTABÁS KAJATT

COAGUILA CHÁVEZ

CARBAJAL CHÁVEZ

CSMC/YLPR


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